Una visión panorámica de América Latina y El Caribe

La Sociedad Civil y los nuevos movimientos sociales

Por contraste con la severa crisis de los partidos políticos y con el declinar de los movimientos sociales tradicionales (sindical y campesino), lo primero que a este respecto hay que hacer es dejar constancia de la extraordinaria vitalidad de las sociedades civiles latinoamericanas. Es verdad que el crecimiento de las organizaciones y movimientos civiles a partir de los años 80 cobró mayor impulso en los países afectados por dictaduras, donde, por lo mismo, los partidos no podían canalizar las demandas ciudadanas, pero a estas alturas se trata de un fenómeno generalizado. En una radiografía somera de las sociedades civiles latinoamericanas destaca la pujanza de los siguientes nuevos actores colectivos: las mujeres, las comunidades indígenas, el movimiento ecologista y las iniciativas en relación con los derechos humanos.

            Una primera novedad fundamental es la irrupción de las mujeres a través de múltiples organizaciones y movimientos, logrando que las cuestiones de género sean actualmente un referente obligado en toda la región. La importancia de ese hecho aún no se refleja ni en la institucionalidad política, ni en el campo laboral ni en tantos otros ámbitos de la vida, pero no por ello deja de ser cierto que las iniciativas de mujeres han logrado visibilizar socialmente tanto sus discriminaciones como sus reivindicaciones, hoy asumidas incluso en organizaciones y movimientos tradicionalmente renuentes a la cuestión, como el sindical o el campesino.

            Sucede, en segundo lugar, que la desigualdad étnica es la base de constitución de otros nuevos sujetos sociales que algunos denominan el movimiento indigenista. No cabe ninguna duda del carácter pluriétnico de América Latina. Aunque muy desigualmente distribuidos por países y más presentes en el área andina y mesoamericana, actualmente existen más de 670 pueblos indígenas reconocidos por los Estados, a los que pertenecen entre 30 y 40 millones de personas, más de un 8% de la población total. A pesar de que, como ya hemos dicho, se hayan producido algunos avances en el orden del reconocimiento constitucional, lo cierto es que los pueblos indígenas siguen padeciendo una discriminación estructural que se expresa en su marginalidad y pobreza, tal y como reflejan los más diversos indicadores, por ejemplo, su mayor tasa de mortalidad infantil. Pues bien, la irrupción en las dos últimas décadas de los movimientos indígenas como actores sociales y políticos es uno de los fenómenos más notables ocurridos en la región y quizás en el mundo. Basta pensar, por ejemplo, en el volumen de su presencia en el Foro Social de Porto Alegre o en su incidencia sobre las dimisiones gubernamentales en Ecuador o en Bolivia. Sus reivindicaciones suelen dirigirse a su reconocimiento como pueblos y a la adopción de nuevos estatutos que garanticen su existencia y sus derechos. Nos tememos que es mucho el trabajo que les queda por realizar también en el terreno de la transformación de la mentalidad socialmente generalizada, en cuyo corazón se inscriben importantes dosis de discriminación racial.

            Está, en tercer lugar, el movimiento ecologista. No tiene, ciertamente, la importancia de los anteriores, pero, en parte gracias a su convergencia con el movimiento indigenista, ha logrado que la agenda del desarrollo sostenible no pueda seguir eludiéndose.

            Cabe destacar, en cuarto lugar, las múltiples iniciativas relacionadas con los derechos humanos, no sólo los de tipo civil y político, sino también social y económico. Se trata de respuestas frente a crisis del más diverso tipo, sea la transparencia electoral o los problemas educativos o de empleo.

            A falta de estadísticas sólidas, algunos pretenden que el crecimiento de todas estas organizaciones y movimiento es proporcional a la disminución de la participación política a través de los cauces clásicos: elecciones y partidos políticos. Es posible que exista una relación entre ambos fenómenos. No se trata, desde luego, de celebrar el crecimiento de las iniciativas civiles a expensas de la participación política clásica, pero sí de urgir a nuevas formas de relación entre aquéllas y ésta. Lo cierto es que las sociedades latinoamericanas entienden y practican la política en un sentido más amplio y más rico que el de la competencia electoral, mientras que la clase política tiene dificultades para acortar distancias con esas nuevas tendencias sociales.

            Las naciones latinoamericanas -como todas- fueron imaginariamente construidas, en este caso por las élites criollas que, tras los procesos de independencia, se alzaron con el control de los diferentes Estados y se autoproclamaron el pueblo. Este pueblo imaginado era homogenizado, sin género, monolingüe y patriarcal. Pues bien, la irrupción de los nuevos actores sociales a que hago referencia puede interpretarse como un falseamiento radical de esa imagen tradicional de los pueblos latinoamericanos.