Una visión panorámica de América Latina y El Caribe

Panorama político

En América Latina, en 200 años de vida independiente, la democracia nació y murió decenas de veces. Todavía en los años 70 y comienzos de los 80, la mayoría de los países padecían autoritarismo. En la actualidad, tras dos décadas de diversas formas de transición, los regímenes democráticos están ampliamente extendidos y se cumplen, en términos generales, las condiciones consensuadas por la teoría política contemporánea para que un Estado pueda ser considerado democrático, a saber: autoridades públicas electas, elecciones libres y limpias, sufragio universal, definición clara del cuerpo electoral, derecho a competir por los cargos públicos, libertad de expresión, acceso a información alternativa, libertad de asociación, respeto de la duración constitucional de los mandatos y expectativa generalizada de que el proceso electoral y las libertades contextuales se mantendrán en un futuro indefinido. Por lo tanto, lo primero que a este respecto debe hacerse es dejar constancia de la extensión de la democracia representativa o electoral en América Latina, con regímenes, como saben, de tipo presidencialista.

            Con el propósito de establecer cuantificaciones para la realidad que estoy señalando, se ha elaborado el llamado Índice de Democracia Electoral. Se trata de una medida compuesta que conjuga cuatro variables: derecho al voto, elecciones limpias, elecciones libres y acceso por vía electoral a los principales cargos públicos. Pues bien, para una variación de 0 a 100, encontramos la siguiente evolución en los valores del Índice de Democracia Electoral: la media latinoamericana en 1977 era 28, en 1985 era 69, en 1990 era 86 y en el 2002 era 93.

            Quede claro que tales valores reflejan únicamente tendencias generales. Sabemos que subsisten algunos problemas. Sigue habiendo, por ejemplo, irregularidades en la limpieza de las elecciones, pero en la mayoría de los casos no parecen haber sido decisivas para el resultado de las mismas; además, el número de comicios problemáticos ha bajado considerablemente. También hay irregularidades que afectan al cuarto criterio (acceso electoral a los principales cargos públicos), pero están lejos de ser generales. Por el contrario, el traspaso de la presidencia se ha convertido en una práctica normal. Esto contrasta abiertamente con la situación del período 1950-1980 y es una de las señales más claras de los avances democráticos que han transformado el marco político de la región.

            Cabe también destacar que la participación electoral, aunque con importantes diferencias de unos a otros países, es positiva en América Latina, al menos de forma comparativa. El 90% de los potenciales votantes están inscritos en los registros electorales y el 63% de los mismos vota. Este último dato es algo inferior al de Europa occidental, con un 74%, pero bastante superior al de Estados Unidos, con un 44%. Además, esos niveles latinoamericanos muestras tendencias estables durante períodos prolongados

            Lo dicho, dicho queda, pero no ha de inducirnos al optimismo ingenuo. Por el contrario, podemos y debemos llamar la atención sobre otros tipos de situaciones políticas problemáticas que no son consideradas ni por las variables del Índice de Democracia Electoral ni por las tasas de participación ciudadana en las votaciones. Pensamos, sobre todo, en los siguientes fenómenos y a ellos vamos a referirnos: las lagunas del Estado de derecho y la corrupción, el insuficiente control institucional del poder ejecutivo, la crisis de los partidos políticos, el papel marginal de importantes sectores sociales, las deficiencias de la cultura política democrática y, finalmente, el debilitamiento del Estado.

            En primer lugar, como decimos, las lagunas del Estado de derecho, es decir, la existencia de una legalidad intermitente y sesgada. En efecto, en no pocos de nuestros países existen amplios territorios en los que no está efectivamente vigente la ley del Estado, sino que operan otros tipos de reglamentaciones, de tipo básicamente mafioso. Es el caso, por ejemplo, de las extensas zonas controladas por el narcotráfico en países como Bolivia, Perú o Colombia. Sin embargo, las repercusiones del comercio de drogas se manifiestan en toda la región de diferentes formas, entre ellas: la limitación, como acabo de decir, de la soberanía del Estado, la estimulación de discursos favorables a una imposición represiva indiscriminada del orden y la seguridad, la penetración de dinero sucio en las finanzas de los partidos políticos, la corrupción de los sistemas judiciales, el deterioro ecológico y, por supuesto, la extensión de la criminalidad y de la violencia.

            Ciertamente, los Estados latinoamericanos se caracterizan por una gran dificultad para proteger a los ciudadanos contra la violencia, tal como lo muestra la alta tasa de homicidios dolosos para la región (25,1 muertes por 100.000 habitantes), la más alta del mundo y tres veces la media mundial. No hay país latinoamericano en que los índices de violencia no hayan aumentado. En las dos últimas décadas, la principal causa de muerte para la población de entre 15 y 44 años fue la violencia. Es probable que, sin la presencia del narcotráfico, los comportamientos violentos hubieran crecido como simple consecuencia de la explosión demográfica urbana y de las situaciones de pobreza, pero es muy claro que la presencia del narcotráfico y del uso de drogas ha amplificado enormemente el grado de violencia.

            Sin por ello olvidar las prácticas generalizadas de tortura, asesinatos extrajudiciales y otros casos de violencia policial insistentemente denunciados en los Informes de Amnistía Internacional, hay que decir que, a diferencia de lo que sucedía en las décadas de los regímenes autoritarios, la mayor parte de los actos de violencia actuales no son ya directamente imputables a las fuerzas de seguridad de los Estados. Constituye, sin embargo, una gravísima incompetencia por parte de las mismas no garantizar la seguridad física de los amplios sectores de población que viven en zonas ajenas a la vigencia efectiva de la ley.

            Más aún, incluso en aquellas áreas geográficas en que tiene alcance el sistema legal, no es extraño que sea aplicado de forma discriminatoria contra sectores como las mujeres, ciertos grupos étnicos o los pobres. Estos sectores están menos protegidos contra la violencia policial y varias formas de violencia privada. También son más vulnerables en el ejercicio de derechos civiles básicos, tales como, por ejemplo, el acceso a las agencias del Estado o el trato igualitario por parte de la justicia. La magnitud de los problemas de la administración de justicia en América Latina emerge con toda su fuerza cuando se considera que el 55% de la población carcelaria, casi todos pobres, no ha recibido condena. Desgraciadamente, la pobreza económica suele verse seguida por lo que podríamos llamar la pobreza legal. De ahí que el PNUD pueda afirmar que el Estado de derecho latinoamericano está truncado.

            En relación con todo esto se encuentra, claro está, el fenómeno de la corrupción y la preocupante tolerancia hacia la misma, que resulta ser relativamente elevada. El 42 % de los habitantes de la región está dispuesto a pagar el precio de un cierto grado de corrupción a condición de que “las cosas funcionen”, actitud que se encuentra de manera similar en todos los estratos sociales y demográficos. Digamos, finalmente, que en la geografía de la corrupción destaca el fenómeno clientelista: 1 de cada 3 latinoamericanos declara conocer al menos un caso de personas que han recibidos privilegios por ser simpatizantes del partido del gobierno.

            El segundo problema político de los enunciados es el insuficiente control institucional del poder ejecutivo. Nos referimos, por ejemplo, a la limitada independencia del poder judicial. Es verdad que se han realizado tanto reformas constitucionales como avances notables en ese sentido, pero subsisten problemas graves. No son raros los casos de interferencia del ejecutivo en la Corte Suprema. Pueden traerse a colación, también por ejemplo, los problemas de uso inadecuado de los fondos públicos. Todos los países cuentan con instituciones encargadas de vigilar el uso del dinero público, llámense Contralorías, Auditorías o Tribunales de Cuentas. Pero existen importantes diferencias en cuanto a la independencia de esos organismos respecto del poder ejecutivo y en cuanto al peso real de la fiscalización. Sucede con alguna frecuencia que los poderes de las Contralorías son débiles o intermedios, hasta el punto de que sus resoluciones no son vinculantes o, si lo son, carecen de potestad legal para forzar su cumplimiento. Y podríamos igualmente hacer referencia a las Defensoría del Pueblo, creadas a partir de 1990 en casi todos los países, pero cuya consolidación y éxito son muy diversos.

            Hemos citado como tercer problema la crisis de los partidos políticos. En efecto, han mermado y siguen mermando sus posibilidades de actuar como agentes de representación política, por la sencilla razón de la gente desconfía crecientemente de ellos. Y es que son percibidos como aparatos clientelísticos, marcadamente oportunistas y altamente desorganizados, lo que los incapacitaría tanto para gobernar coherentemente como para llevar a cabo la tarea fiscalizadora propia de la oposición. No sólo los partidos son las instituciones que inspiran una menor confianza a la ciudadanía, sino que se encuentran en una espiral de descrédito. De acuerdo con los sondeos de Latinobarómetro, el nivel de confianza en los partidos políticos cayó de 20% en 1996 a 10% en el 2005. Llama la atención en ese mismo sentido el grado relativamente alto de volatilidad electoral de los ciudadanos. Por otro lado, son pocos los países que han adoptado una legislación eficaz en materia de financiamiento de partidos políticos y campañas electorales.

            Ha sido aludido, en cuarto lugar, el papel político marginal de importantes sectores sociales. En lo que respecta a las mujeres, hay que decir que, a pesar de los avances realizados, su presencia en las cámaras legislativas se sitúa sólo en un 16%. Es igualmente cierto que la representación de pueblos originarios y afrodescendientes en los Parlamentos es, en general, aún muy reducida. Varios países han reconocido en sus constituciones el carácter pluriétnico de sus sociedades, pero, en la mayor parte de los casos, los derechos constitucionalmente reconocidos a los pueblos indígenas distan de haber sido implementados mediante adecuada legislación y jurisprudencia. Así, por ejemplo, las lenguas indígenas siguen sin ser reconocidas como idiomas oficiales por los respectivos Estados.

            El quinto de los problemas políticos anunciados es el de las deficiencias de la cultura política democrática, asunto de relevante importancia dado que las democracias ve vuelven particularmente vulnerables cuando las fuerzas políticas autoritarias encuentran terreno fértil en las actitudes ciudadanas.

            Lo primero que hay que constatar en la encuestas de Latinobarómetro es una tendencia hacia la disminución del apoyo ciudadano. Actualmente sucede que menos del 60% de los latinoamericanos prefieren la democracia a cualquier otro régimen político. Además, tal preferencia no implica un firme apoyo, pues muchas de esas personas que prefieren la democracia se muestran de acuerdo con asuntos nada democráticos, por ejemplo: el 38% está de acuerdo con que el presidente vaya más allá de las leyes y el 33% con que deje de lado el Congreso y los partidos; un 48% cree que el desarrollo económico es más importante que la democracia y, de hecho, un 45% dice que apoyaría a un gobierno autoritario si resolviera los problemas económicos.

            Interesa saber que, de modo tendencial, las personas no demócratas pertenecen a grupos con menor educación, ya no son jóvenes (lo que significa que fueron socializados en un período autoritario) y tienen bajas expectativas de movilidad social o han experimentado una descendente. Aunque los demócratas se distribuyen en variados grupos sociales, las estadísticas muestran que en los países con menores niveles de desigualdad los ciudadanos tienden a apoyar más la democracia. En definitiva, parece deber concluirse que un masivo apoyo ciudadano a la democracia y, por lo mismo, la sustentabilidad de ésta pasan por la solución de los problemas de pobreza y desigualdad.

            Esto último nos remite a un triángulo original de América Latina: democracia, pobreza y desigualdad. No es que sea el único lugar del planeta en que se dé la existencia conjunta de esos tres elementos, sino que, como puede leerse en el Informe sobre la democracia en América Latina elaborado por el PNUD, “por primera vez en la historia, una región en desarrollo y con sociedades profundamente desiguales está, en su totalidad, organizada políticamente bajo regímenes democráticos”. La no percepción de esta singularidad latinoamericana puede llevar a dos errores graves: ignorar la necesidad de la viabilidad económica de la democracia e ignorar la necesidad de viabilidad política de los programas económicos.

            Aunque sin disponer ni del espacio ni de la competencia necesarios para entrar en el más que pertinente examen histórico, puede señalarse como complemento a lo dicho sobre la cultura política que, según muchos analistas, América Latina sigue adoleciendo de proclividad al autoritarismo, al paternalismo, al clientelismo y al fatalismo. Suele igualmente destacarse la renuencia a respetar las normas jurídicas, el escaso cultivo del diálogo y de la búsqueda de consensos, así como la ya referida tolerancia hacia la corrupción. Es evidente que tales actitudes debilitan y dañan el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas. Resulta muy alentador, con todo, que los países de la región no hayan buscado solución a los problemas que padecen en un regreso a los regímenes autoritarios.

            Hemos citado como problema político, en sexto y último lugar, la debilidad del Estado. Así es: la política tiende a perder entidad a causa de la disminución de la soberanía estatal. Tal disminución se debe a los siguientes factores: en primer lugar, el desequilibrio en la relación entre política y mercado heredado de dos décadas largas de hegemonía neoliberal; en segundo lugar, la competencia de poderes fácticos interiores, sean legales, como los medios de comunicación, o ilegales, como el narcotráfico; en tercer lugar, un orden internacional -la globalización en curso- que limita la capacidad de los Estados para actuar con grados razonables de autonomía y que, por lo tanto, restringe las opciones políticas nacionales. Algunos hablan de un Estado anémico, otros de un Estado anoréxico. La pregunta es cómo afrontar en esas condiciones de anemia o de anorexia el volumen de desafíos presentes.

            No podríamos dar por concluida esta visión panorámica de la política sin hacer alusión a lo que se está llamando la nueva izquierda. Parece ser, ciertamente, que asistimos en América Latina a un vuelco ideológico. Estamos pensando en las victorias electorales de Hugo Chávez en Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Daniel Ortega en Nicaragua y Rafael Correa en Ecuador. Algunos añaden Martín Torrijos en Panamá y Óscar Arias en Costa Rica.