Desde 1998, tres millones de civiles han muerto en la República Democrática del Congo. Durante los últimos diez años se han producido 300.000 homicidios en Brasil, debido a la violencia urbana favorecida por la proliferación de armas ligeras, muchas procedentes de países como Francia, Alemania, España o los EE.UU. La facilidad con que dichas armas llegan a manos de bandas criminales y autores de violaciones de derechos humanos se debe, en parte, a que no existe un control eficaz sobre los usuarios finales. El cinismo e irresponsabilidad de empresas y gobiernos ha permitido algunas de las atrocidades más grandes cometidas contra civiles en las últimas décadas.

El control del comercio de armas se ha relajado desde 2001 bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo. En 2002, EE.UU aprobó una partida de 3.800 millones de dólares para asistencia en materia de seguridad a aquellos países supuestamente dispuestos a colaborar en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los países receptores de esa ayuda son países con una situación grave en materia de derechos humanos.

Entre el 7 y el 11 de julio pasado, los países se reunieron en Nueva York, bajo el auspicio de Naciones Unidas, para informar sobre las iniciativas de control del comercio de armas ligeras. A pesar de las buenas intenciones, se trata de un foro voluntario que no contempla la adopción de medidas de obligado cumplimiento. Medio millón de víctimas anuales es un coste humano desproporcionado, que exige medidas urgentes y ambiciosas.

Por eso, centenares de ONG lanzamos el próximo 9 de octubre una campaña internacional con el objetivo de controlar el comercio de armas para prevenir abusos y violaciones de derechos humanos y reducir la violencia armada en las comunidades. Desde la campaña, promoveremos la firma de un tratado internacional que obligue a los estados a autorizar exportaciones de armas sólo cuando existan garantías que no serán utilizadas para violaciones de derechos humanos y principios humanitarios. Esta iniciativa es un primer paso para detener el flujo de armas para la comisión de atrocidades. Además, es imprescindible impulsar de manera decidida otras medidas, como la prevención del abuso de las armas por parte de fuerzas policiales y de seguridad, la recolección y destrucción de armas en las comunidades o la reinserción de excombatientes y jóvenes implicados en violencia armada.